Prefacio

Mireia Belil
Directora de la Fundació Forum de les Cultures




La migración hacia las ciudades ha dado como resultado que más de la mitad de la población mundial viva en ellas, de tal forma, lo que sucede en las ciudades se convierte en asuntos a nivel nacional, principalmente en regiones tan urbanizadas como la de América Latina, por lo que los gobiernos locales tienen un valor estratégico cada vez mayor para ayudar en la búsqueda y aplicación de soluciones a los grandes retos de la globalización como el cumplimiento de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la vida digna con acceso a servicios de sanidad, educación, agua potable, y energía. Los gobiernos locales son empleadores, consumidores, proveedores, distribuidores y sobre todo son ejemplo de buenas, y a veces no tan buenas, prácticas hacia sus ciudadanos y las empresas que actúan en ese territorio.

Para 2020 se espera que la proporción de la población que vive en las ciudades llegue al 60% y que en los próximos años el 90% del crecimiento poblacional se produzca en áreas urbanas. Estas estimaciones nos llevan a considerar algunas tendencias de relevancia, al hablar de los gobiernos locales.

En primer lugar, las ciudades más grandes del mundo pasarán de ser del mundo llamado “desarrollado” para localizarse en países emergentes o en vías de desarrollo. Londres, París, Nueva York… dejarán de encabezar el ranking para formar parte de las megalópolis millonarias, pero lejos de las más grandes. Sólo Tokio y Seúl formarán parte de la cabeza de esa lista.

La segunda tendencia es que el crecimiento urbano se producirá sobre todo en las ciudades asiáticas, especialmente en las ciudades chinas, desplazando a las grandes urbes latinoamericanas de sus posiciones cabeceras. La tercera tendencia es que el gran proceso de urbanización se producirá en el crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas. Se calcula que en el año 2020 habrá más de 500 centros urbanos de más de 1 millón de habitantes.

Las ciudades constituyen centros de concentración de riqueza, de producción y de creatividad. Contrariamente, es también en las ciudades donde se centraliza la pobreza, las disparidades son más acusadas y donde la salud de las personas, especialmente de los pobres, se ve más amenazada por carencias en agua potable, en sistemas de eliminación de residuos sólidos, entre otros.

La iniciativa ONU-Hábitat ha señalado que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que la adopción de medidas a nivel local es indispensable para cumplir los compromisos en materia de cambio climático porque es en las ciudades donde se pueden poner en práctica las políticas destinadas, por ejemplo, a mitigar los impactos y reducir las emisiones de gases.

Así, en un mundo que asiste a un acelerado proceso de urbanización, las ciudades se convierten en el principal laboratorio para afrontar el reto que representa el promover acciones locales destinadas a satisfacer las demandas sociales y medioambientales impuestas por la realidad global (cambio climático, geopolítica, fluctuaciones económicas, nuevas tecnologías…) y trasladar los Diez Principios del Pacto Mundial en concretos y positivos resultados basados en propuestas innovadoras y adecuadas al entorno local.

Las ciudades, y al frente de ellas los gobiernos locales, no son sólo los receptores pasivos de una serie de tendencias mundiales que aterrizan en las urbes de nuestros países. También sus políticas, decisiones y comportamientos afectan, impactan y contribuyen -positiva o negativamente- al cambio climático, a los procesos geopolíticos, a las fluctuaciones económicas, al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la consolidación de procesos de lucha contra la pobreza y de promoción de los derechos humanos.

Los gobiernos locales tienen legalmente distintas responsabilidades en cada país; aunque de forma directa unos e indirecta otros, todos tienen la capacidad de desarrollar una serie de mecanismos que permitan la promoción de la cohesión social en sus ciudades. Estos mecanismos incluyen, por ejemplo, el uso eficiente de los servicios públicos, pero también el establecimiento de relaciones multinivel para la buena gobernanza, la capacidad de pensar estratégicamente o bien la consolidación de una ciudadanía activa.

Por otro lado, estos gobiernos generan demanda, contratan con empresas externas y locales a las que pueden exigir condiciones; emplean personas de distintos niveles de formación y tienen una responsabilidad hacia ellos, en salud, en formación, en derechos.

Los gobiernos locales tienen que responder a la máquina imparable que es una ciudad: sus hogares, la demanda de vivienda y servicios, la expansión de la población, las necesidades cambiantes de ésta, la concentración de población en edad activa. Las ciudades son todo un mundo y los gobiernos locales, junto con los ciudadanos y los otros actores interesados, son los capitanes que marcan hacía dónde se dirigen y cómo lo hacen.

Entre todas estas responsabilidades y procesos, surgen los temas que definen la responsabilidad colectiva y que nos sumergen de lleno en los Principios: la lucha contra la corrupción, la formación de los empleados, la mejora tecnológica hacia sistemas más sostenibles, la capacidad de gestión público-privada y la relación con los entornos, la protección medioambiental, la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, la promoción de los derechos laborales, la defensa de la mujer como ciudadana y trabajadora; todas ellas, áreas en las que el gobierno local puede actuar.

Por eso las ciudades bien planificadas, bien pensadas, bien gobernadas son una garantía de la aplicación de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Trabajar hacia ese estadio es sólo un asunto de sentido común con responsabilidad hacia la sustentabilidad colectiva.